El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha calificado de «histórica» la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que cambiará la forma en la que se dirigen las investigaciones penales, actualmente a cargo de los jueces de instrucción, para dejarlas en manos de los fiscales.
La norma también permitirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno y limitará la figura de las acusaciones populares para dejar fuera a los partidos políticos, según informa Europa Press.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños destacó que «143 años después el Gobierno de España aprueba una nueva ley de juiciamiento criminal, la que tiene que ser la ley de juiciamiento criminal de la democracia, para su tramitación y aprobación definitiva por las Cortes Generales».
«Han pasado unos cuantos años, desde 1882, que es cuando se aprobó la ley de juiciamiento criminal actual, la que está todavía hoy vigente en nuestro sistema jurídico. Han tenido que pasar doce papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia, para que hoy el Consejo de Ministros aprueba la nueva ley de juiciamiento criminal, la ley de juiciamiento criminal de la democracia, que mejora, agiliza, moderniza y europeiza nuestro proceso penal», recalcó.
A renglón seguido, afirmó que «por tanto, hoy estamos de enhorabuena en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y también en el Gobierno de España. Quiero decirles que en demasiadas ocasiones se utiliza el término histórico. Permítanme, en esta mesa, que después de 143 años utilicemos el término histórico, de que este Gobierno haya aprobado una ley orgánica de juiciamiento criminal que vayamos a enviar para su tramitación y aprobación en las Cortes Generales».
«En 1882 comenzó la construcción de la Sagrada Familia, al igual que se aprobó también en 1882 la ley de juiciamiento criminal vigente. Las grandes obras, tanto en arquitectura como en derecho, necesitan su tiempo, pero llegan. Quiero terminar felicitando, agradeciendo, en la persona del secretario de Estado de Justicia y aquí presente, a todo el equipo de justicia que ha trabajado para hacer posible que hoy vea a la luz este proyecto de ley orgánica de juiciamiento criminal», aseguró Bolaños.
El ministro concluyó que «han sido docenas de magistrados, de jueces, de fiscales, de profesores universitarios que han dejado tiempo, trabajo y esfuerzo para que hoy hayamos dado un paso de gigante para mejorar, para ampliar, para hacer mejor nuestro proceso penal en España».
El proyecto a su vez incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fijar que el mandato del fiscal general del Estado pase a ser de cinco años y no coincida con el del Gobierno, como hasta ahora.
Además, prohíbe de forma expresa que el Ejecutivo pueda remitir cualquier indicación a la Fiscalía sobre asuntos concretos. Y se prevé que las comunicaciones generales sean públicas y queden registradas.
Para impedir ceses discrecionales, la norma contempla que el fiscal general solo podrá ser cesado en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y previo informe del CGPJ.
Desde el Gobierno defienden que esta reforma otorga «mayor autonomía interna a la Fiscalía» al fijar que el nombramiento, ascenso y sanciones más graves queden atribuidas al fiscal general y no al ministro de Justicia, como hasta ahora. Y destacan, además, que se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si cuenta con el apoyo de, al menos, las tres quintas partes de sus miembros.
La reforma respetará que la designación del fiscal que debe hacerse cargo de una investigación sea predeterminado internamente con un sistema objetivo, público, avalado por la Junta de Fiscalía y en el que el criterio principal será la cualificación jurídica y la especialización.
La Fiscalía estará a cargo de la Policía Judicial
El texto aprobado este martes incluye a su vez una serie de cambios que acompañan el hecho de que se deje en manos de los fiscales las causas penales. Entre ellos, que la policía judicial dependa funcionalmente del Ministerio Fiscal cuando asuma una investigación, siempre respetando la jerarquía orgánica policial. Hoy por hoy, depende de los jueces de instrucción.