Miles de jueces y fiscales se han echado a la calle para mostrar su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno, conocida como “ley Bolaños”, que consideran una amenaza a la independencia judicial. A pesar de un fallo del CGPJ que declaró ilegal la convocatoria, los profesionales mantuvieron la protesta y alertaron de posibles movilizaciones futuras.
En Madrid, frente al Tribunal Supremo, se concentraron ayer decenas de jueces y fiscales, acompañados de alrededor de 5 000 personas según los organizadores, para exigir la retirada de la reforma legal impulsada por el ministro Félix Bolaños. Los convocantes —tres asociaciones de jueces y dos de fiscales, excluyendo las progresistas— han denunciado que las enmiendas reducirían la excelencia en el acceso a dichas carreras y favorecerían una elección ideológica de los aspirantes mediante un centro gubernamental de preparación.
Durante la concentración se leyó un manifiesto en defensa del Estado de derecho y la separación de poderes, con eslóganes como “Sin Estado de Derecho, no hay democracia”. Se criticó la tramitación apresurada vía urgente de la ley y se advirtió que la estrategia del Gobierno podría vulnerar los principios de mérito, igualdad y capacidad, alargando el conflicto con las asociaciones.
El pulso sigue vivo: aunque el Consejo General del Poder Judicial declaró que la huelga carece de base legal y no fijará servicios mínimos, los convocantes persisten en sus reivindicaciones y preparan paros de tres días —1, 2 y 3 de julio—, apuntando a la posibilidad de prolongar las movilizaciones si sus demandas no son atendidas .