El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha reconocido el derecho de una médica a ser indemnizada con 30.000 euros tras haberse contagiado de Covid-19 durante la primera ola de la pandemia. La Sala de lo Social concluye que la Administración sanitaria no adoptó las medidas de prevención necesarias frente al riesgo de exposición al virus en su centro de trabajo.
La profesional sanitaria contrajo la enfermedad en marzo de 2020, en un momento en el que no se disponía de protocolos ni de equipos de protección suficientes en hospitales y centros de salud. La sentencia subraya que la falta de previsión de riesgos por parte de la Conselleria de Sanidad vulneró el derecho de la trabajadora a la protección eficaz de su salud, conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El tribunal recuerda que el deber empresarial de garantizar la seguridad de los empleados no desaparece en contextos de emergencia sanitaria, sino que exige una diligencia reforzada en la identificación, evaluación y control de riesgos laborales. En este caso, la ausencia de medidas adecuadas expuso a la trabajadora a un riesgo cierto y evitable, lo que fundamenta la condena a indemnizarla.
La resolución, que todavía puede ser recurrida en casación, se suma a otros pronunciamientos judiciales en los que se reconoce la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas por la falta de medios de protección durante la pandemia.
Con esta sentencia, el TSJ de la Comunidad Valenciana marca un nuevo precedente en la interpretación de la responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales en situaciones de crisis sanitaria, abriendo la puerta a nuevas reclamaciones de profesionales afectados.