La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo ha abierto una investigación para comprobar si los municipios afectados por los recientes incendios forestales disponen de los planes de prevención obligatorios y si éstos se están aplicando de manera efectiva.
Según fuentes del Ministerio Público, el objetivo es determinar si las corporaciones locales han adoptado las medidas exigidas por la normativa estatal y autonómica en materia de gestión forestal y protección contra incendios. Entre ellas figuran la elaboración de planes municipales de prevención, el mantenimiento de cortafuegos, la limpieza de zonas de interfaz urbano-forestal y la disponibilidad de medios de respuesta rápida.
La Fiscalía pretende así delimitar posibles responsabilidades administrativas o penales en caso de que se constate la ausencia de estos planes o su ineficaz aplicación. El órgano recuerda que la omisión de obligaciones en materia de prevención podría suponer un incumplimiento grave de la legislación ambiental y de seguridad ciudadana.
La investigación llega tras una temporada especialmente crítica de incendios, con miles de hectáreas arrasadas y con algunos municipios declarados en situación de emergencia. En este contexto, el Ministerio Público subraya que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir el riesgo y la magnitud de los siniestros.