El director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, ha moderado la conversación con varios expertos: Luis Gonzaga, presidente de Liber; Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal; M.ª José Segarra, fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado; Ramón Corral, colaborador de Aequitas, notario jubilado y premio Foro Justicia y Discapacidad; y Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión, profesional de Liber y miembro del Comité Ejecutivo del CERMI.
El acto tuvo lugar de manera presencial en el estudio de televisión de Servimedia y pudo verse en directo a través de Servimedia TV en el canal de YouTube de esta agencia de noticias.
Para Ramón Corral, «la ley ha significado un cambio de paradigma para el Notariado, ahora los apoyos judiciales están subordinados a los apoyos de carácter voluntario. La nueva norma dota a las personas con discapacidad de mayor visibilidad». Asimismo, puso de manifiesto el compromiso del tercer sector con la puesta en marcha de iniciativas como la Alianza Apoyo y Autonomía -impulsada por CERMI y las Fundaciones ONCE y Aequitas, y que cuenta con la adhesión de todas las federaciones del sector-, lo que permite “proporcionar una unidad en los actos y decisiones del colectivo”.
Por su parte, María José Segarra (patrona de la Fundación Aequitas) hacía hincapié en que “la ley nos puso en la vía de salida para lograr la accesibilidad en la justicia para las personas con discapacidad. Hemos dado un gran paso adelante en el proceso desjudicializador, aunque falta camino por recorrer. Aún hay que hacer un gran cambio, ya que hay 2,5 millones de personas con discapacidad que tienen necesidad de apoyo constante”.
Gonzaga destacó la importancia de su entrada en vigor, ya que antes “la modificación de la capacidad suponía la muerte civil de la persona. Derecho significa dignidad; si una persona tiene derecho a decidir, su dignidad se ve aumentada”. Sin embargo, demandó que la ley debe ir acompañada de “algo más, como un aporte económico. En cada comunidad autónoma hay una realidad distinta y la persona con discapacidad no recibe la misma calidad de apoyo».
Según Saravia, «hay que conmemorar este cuarto aniversario con satisfacción, otras cuestiones se irán ajustando con el correr del tiempo». El representante del CERMI manifestó el paso importante dado por España con esta normativa: “muchos países latinoamericanos miran con interés esta Ley”; y puso de manifiesto la puesta en marcha de iniciativas de difusión como la Alianza Apoyo y Autonomía: “tenemos que seguir formándonos porque la unión nos da mayores oportunidades. Es clave trabajar en alianza porque vivimos momentos complicados».
Por último, Maribel Cáceres apuntaba que “antes de la Ley 8/2021, las personas con discapacidad no podíamos decidir si queríamos casarnos. Se deben modificar las leyes que hagan falta para que que esta ley sea real para todas las personas con discapacidad; si no se cambian no va a ser tan efectiva, debemos seguir avanzando”.
