La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 4, inició una investigación el 10 de marzo de 2025, en base a una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Pontevedra, por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud supuestamente cometido por los miembros de una presunta organización criminal con base en la zona de O Salnés. La actividad objeto de indagación se centró en el acopio y posterior distribución lucrativa de grandes cantidades de sustancias estupefacientes (cocaína). El presunto cabecilla supuestamente se valía de contactos y de familiares para hacer acopio de la droga, la mayoría de la cual era introducida por Portugal.
Según ha informado el Poder Judicial, la instructora autorizó 19 entradas y registros en domicilios y parcelas, los cuales se practicaron de manera simultánea durante la madrugada del miércoles 3 de septiembre. Cuatro de ellos tuvieron lugar en el partido judicial de Cambados; cinco, en Vilagarcía; uno, en Caldas de Reis; uno, en Cangas; dos, en Ourense; uno, en Alcobendas; dos, en Guadalajara; y tres, en Barcelona. Los registros fueron realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La jueza autorizó, solo como observadores, la presencia de miembros de la Agencia Estadounidense de Administración y Control de Drogas (DEA), Europol, Polícia Judiciária de Portugal, policía de la República Dominicana y policía de Italia. La jueza, además de las entradas y registros, acordó medidas de investigación tecnológica, entre ellas la aprehensión de ordenadores y de instrumentos de comunicación telefónica y telemática. Posteriormente, ordenó el acceso y visionado urgente de los teléfonos incautados y su tráfico de llamadas.
La magistrada ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de tres de los nueve detenidos, al apreciar riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Los otros seis han sido puestos en libertad. A dos de ellos, la instructora les ha impuesto como medidas la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado cada mes. Los otros cuatro quedaron en libertad sin medidas, al no haber sido solicitadas por ninguna parte. Todos ellos están investigados por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, cometido en el seno de una organización criminal.