El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza ha declarado nula por abusiva una cláusula hipotecaria referenciada al IRPH por falta de transparencia, condenando a la entidad bancaria a recalcular el préstamo y devolver al cliente todas las cantidades cobradas de más, con intereses y costas. La resolución, fechada el 1 de septiembre, se produce apenas unos días antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie de manera definitiva sobre este índice hipotecario, que afecta a alrededor de un millón de contratos en España.
Según informa el Diario de Ibiza, la sentencia considera que el consumidor nunca recibió la información necesaria para comprender el alcance económico del IRPH, por lo que la cláusula incumple los requisitos de transparencia exigidos por la normativa europea de protección de los consumidores y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fallo obliga a la entidad a eliminar el IRPH del contrato, recalcular la hipoteca sin aplicar este índice y reintegrar las cantidades abonadas en exceso.
El caso ha sido defendido por el despacho Martínez Blanco Abogados, que ya participó en dos cuestiones prejudiciales sobre el IRPH ante el TJUE. Su socio director, Norberto José Martínez Blanco, ha calificado el pronunciamiento como un “punto de inflexión histórico”, y asegura que “la Justicia cada vez más está del lado de los consumidores” y que el Supremo “no puede darle la espalda ni al Tribunal Europeo ni a miles de familias que llevan años pagando de más de forma abusiva”.
Más estable que el Euríbor
El pronunciamiento del alto tribunal español es esperado con gran expectación, ya que, tras la sentencia del TJUE en diciembre de 2024, quedó establecido que las cláusulas IRPH pueden ser abusivas si no se comercializaron con transparencia, pese a tratarse de un índice oficial.
Según asociaciones de consumidores como Asufín, este índice se presentó como más estable que el Euríbor, pero en la práctica supuso un sobrecoste sistemático de entre 200 y 300 euros al mes en las hipotecas, lo que podría obligar a la banca a afrontar devoluciones por un valor cercano a los 16.000 millones de euros.