El Tribunal de Justicia de la UE ha destacado, de los numerosos casos que tendrá que abordar la próxima semana, uno relacionado con salarios laborales en Dinamarca, una decisión del Consejo sobre medidas restrictivas a un ciudadano de un tercer país y un presunto incumplimiento del Gobierno húngaro sobre materias primas.
Así, para el martes 11 de noviembre, el TJUE vera la petición de Dinamarca que ha solicitado la anulación de la Directiva (EU) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea.
Concretamente, se discute si el marco de la Directiva invade competencias de la UE en materia de «salarios» que estarían excluidas del artículo 153(5) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Cadmus Repository+1
El Abogado General Michalis Emiliou ha recomendado la anulación en su totalidad de la Directiva. Si se anula dicha directiva, podría afectar el marco europeo sobre salarios mínimos y la forma en que los Estados miembros adaptan sus legislaciones nacionales.
Para el próximo jueves, 13 de noviembre, el TJUE tendrá que abordar un recurso planteado por Rumania contra decisiones del Consejo de la Unión Europea en materia de medidas restrictivas adoptadas en el marco de la política exterior y de seguridad común, concretamente la inclusión de una persona en listas de sanciones por la agresión a Ucrania. EUR-Lex+1
Concretamente, se impugna el artículo 2(1)(f) y (g) de la Decisión 2014/145/CFSP y el artículo 3(1)(f) y (g) del Reglamento (EU) 269/2014, en la medida en que dichos instrumentos afectan al solicitante.
La cuestión gira en torno a la fundamentación de la inclusión en la lista de sancionados y el cumplimiento de requisitos de examen y motivación.
Por último, y también para el jueves 13 de noviembre, está previsto que el TJUE aborde el Caso C 499/23, de la Comisión Europea contra Hungría. El objeto del litigio se da después de que la Comisión europea haya alegado que Hungría ha incumplido sus obligaciones en virtud del TFUE al establecer un procedimiento nacional para la exportación de materias primas y productos de construcción, lo que equivaldría a una restricción a la libre circulación de mercancías y a la competencia exclusiva de la UE en la política comercial común.