Departamento de Análisis de Prensamedia
Introducción
La jurisdicción contencioso-administrativa es el mecanismo a través del cual el ciudadano puede impugnar las decisiones de la Administración y someter el ejercicio del poder público al control judicial. Sin este cauce, el principio de legalidad quedaría reducido a una declaración programática. Sin embargo, en España se ha consolidado un problema estructural que amenaza con vaciar de eficacia práctica esa garantía: la sobrecarga crónica de los órganos contenciosos y la prolongación excesiva de los plazos de resolución. No se trata de retrasos puntuales, sino de una disfunción sistémica que afecta a juzgados y tribunales superiores en múltiples territorios. Cuando un recurso contra una sanción administrativa, una adjudicación pública o una decisión urbanística tarda tres, cuatro o cinco años en resolverse, la tutela judicial efectiva pierde densidad real. La lentitud no es un simple problema organizativo; tiene consecuencias económicas, institucionales y democráticas. Si el control judicial del poder público no es oportuno en el tiempo, el equilibrio entre Administración y administrados se altera silenciosamente.
1. Expansión normativa y aumento sostenido de litigiosidad
El crecimiento de la litigiosidad contencioso-administrativa es inseparable de la expansión normativa de las últimas décadas. El Estado regulador interviene hoy en ámbitos cada vez más complejos: contratación pública, energía, medio ambiente, urbanismo, función pública, subvenciones, extranjería o competencia. Cada decisión administrativa puede afectar intereses económicos relevantes o derechos individuales significativos. La densidad normativa multiplica los supuestos de impugnación. Además, la creciente judicialización de la vida pública ha convertido el recurso contencioso en herramienta habitual de control político y empresarial. A ello se suman los litigios derivados de medidas excepcionales adoptadas en situaciones de crisis, que generaron un volumen adicional de recursos. Sin embargo, el incremento de asuntos no ha ido acompañado de una ampliación proporcional de plazas judiciales ni de refuerzo estructural de medios personales y materiales. El resultado es una acumulación progresiva que tensiona la capacidad resolutiva del sistema.
2. Contratación pública y efectos sobre la economía real
Uno de los ámbitos donde el colapso contencioso produce efectos más visibles es la contratación pública. Las impugnaciones de adjudicaciones, modificaciones contractuales o resoluciones anticipadas pueden paralizar proyectos estratégicos durante largos periodos. Aunque existen tribunales administrativos especializados en recursos contractuales, muchas controversias acaban judicializándose. Cuando la decisión final tarda años, la inseguridad jurídica afecta tanto a la Administración como a las empresas licitadoras. Proyectos de infraestructuras, servicios esenciales o inversiones tecnológicas quedan suspendidos o sometidos a incertidumbre prolongada. Esta dilación no solo tiene impacto presupuestario, sino que puede erosionar la confianza inversora. La seguridad jurídica exige no solo previsibilidad normativa, sino también celeridad en la resolución de controversias. Si el control judicial se convierte en un proceso dilatado, el sistema pierde eficiencia económica.
3. Sanciones administrativas y desequilibrio temporal
En el ámbito sancionador, el retraso judicial genera un efecto paradójico. Empresas y ciudadanos que impugnan sanciones administrativas pueden enfrentarse a años de litigio antes de obtener una resolución firme. En ocasiones, el coste económico y reputacional del procedimiento supera el beneficio potencial de la estimación del recurso. Esta situación puede inducir a aceptar decisiones administrativas discutibles para evitar prolongadas controversias. El desequilibrio temporal favorece de facto a la Administración, que dispone de recursos técnicos y estabilidad institucional, frente a particulares que deben asumir costes de defensa durante periodos extensos. El principio de igualdad procesal se resiente cuando la duración del procedimiento se convierte en factor determinante.
4. Derechos fundamentales y tutela judicial efectiva
La jurisdicción contencioso-administrativa no solo resuelve conflictos económicos; también protege derechos fundamentales frente a actuaciones administrativas. Decisiones en materia de extranjería, protección internacional, prestaciones sociales o responsabilidad patrimonial afectan directamente a la vida de las personas. Cuando la resolución judicial se demora de forma excesiva, el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido constitucionalmente, pierde eficacia práctica. La jurisprudencia europea ha insistido en la exigencia de resolución en plazo razonable como componente esencial del derecho a un proceso equitativo. El retraso sistemático puede generar responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, pero esa vía no compensa la incertidumbre y el perjuicio experimentado por el recurrente.
5. Comparativa europea y déficit estructural
Si se compara la ratio de jueces contencioso-administrativos por habitante con otros países europeos, España presenta cifras ajustadas que no reflejan el incremento de complejidad normativa. En sistemas donde existen salas especializadas con mayor dotación o mecanismos eficaces de resolución previa, los tiempos de respuesta son más reducidos. La ausencia de una reforma integral del modelo organizativo contencioso en España ha perpetuado una estructura diseñada para un volumen de litigios inferior al actual. La digitalización, aunque necesaria, no ha sido suficiente para revertir la acumulación. La modernización tecnológica mejora tramitación, pero no sustituye la necesidad de recursos humanos adicionales ni de reorganización competencial.
6. Reformas pendientes y propuestas estructurales
La solución al colapso contencioso no puede limitarse a medidas coyunturales. Es necesario un plan integral que combine aumento de plazas judiciales, refuerzo de equipos de apoyo, especialización técnica y simplificación procesal. La ampliación de procedimientos abreviados en determinados supuestos podría agilizar la resolución de asuntos de menor complejidad. Asimismo, el fortalecimiento de órganos administrativos independientes que resuelvan controversias en primera instancia podría descargar a los juzgados. La mediación administrativa y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos también merecen consideración, siempre que no impliquen merma de garantías. Cualquier reforma debe preservar el equilibrio entre celeridad y calidad de la decisión judicial.
Conclusión
El colapso estructural de la jurisdicción contencioso-administrativa constituye un desafío profundo para el Estado de derecho. Cuando el control judicial del poder público se dilata excesivamente, la garantía formal de impugnación pierde eficacia real. Empresas, ciudadanos y Administraciones necesitan un sistema que combine rigor jurídico con tiempos razonables de resolución. La tutela judicial efectiva exige no solo acceso al tribunal, sino decisión oportuna. Afrontar esta situación requiere inversión sostenida, reforma organizativa y voluntad política para situar la eficacia del control judicial como prioridad institucional. Sin ello, el desequilibrio temporal entre Administración y administrados continuará ampliándose, debilitando la confianza en la Justicia y en el principio de legalidad que sustenta el sistema democrático.
Claves
– Aumento estructural de litigios frente a la Administración.
– Impacto económico en contratación pública e inversiones.
– Retrasos que afectan derechos fundamentales y seguridad jurídica.
– Digitalización insuficiente sin refuerzo de medios humanos.
– Necesidad de reforma integral para preservar la eficacia del control judicial.
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