Análisis | La justicia ante la inteligencia artificial generativa: lagunas legales, riesgos procesales y respuesta europea

Inteligencia Artificial (IA) y Justicia

Departamento de Análisis de Prensamedia

Introducción
La inteligencia artificial generativa ha entrado en el ámbito jurídico con una velocidad que desborda los marcos normativos tradicionales. Abogados, procuradores, asesores jurídicos y operadores públicos utilizan ya herramientas capaces de redactar escritos, resumir jurisprudencia o proponer argumentaciones legales en segundos. Esta adopción acelerada se produce, sin embargo, en un contexto de regulación incompleta y de ausencia de protocolos claros en la administración de justicia. El resultado es una paradoja inquietante: la justicia comienza a verse afectada por sistemas algorítmicos sin que existan aún reglas precisas que delimiten su uso, su control y la responsabilidad derivada de sus errores.

Del apoyo técnico al riesgo procesal
La IA generativa se presenta como una herramienta de apoyo, no como sustituto del jurista. Sin embargo, la frontera entre asistencia y delegación es cada vez más difusa. En la práctica, muchos profesionales utilizan estas herramientas para generar borradores de demandas, recursos o informes, confiando en su capacidad de síntesis y velocidad.

El problema surge cuando el texto generado contiene errores jurídicos, referencias normativas inexistentes o jurisprudencia inventada. Estos fallos —conocidos ya como “alucinaciones”— no son anecdóticos. Su incorporación acrítica a escritos procesales puede tener consecuencias graves: inadmisión de recursos, indefensión de las partes o incluso nulidad de actuaciones.

Errores algorítmicos y tutela judicial efectiva
Desde el punto de vista constitucional, el uso no controlado de IA generativa plantea un riesgo directo para el derecho a la tutela judicial efectiva. Un escrito defectuoso, basado en información errónea generada por una máquina, no es un simple fallo técnico: puede alterar el equilibrio procesal y afectar al derecho de defensa.

La cuestión clave es que el error no siempre es evidente. A diferencia de una errata humana, la IA produce textos coherentes, bien redactados y plausibles, lo que dificulta su detección. El riesgo no es solo jurídico, sino epistemológico: confiar en una fuente que aparenta solvencia sin ofrecer garantías de veracidad.

Responsabilidad profesional: la IA no firma escritos
Uno de los debates más urgentes es el de la responsabilidad. Desde el punto de vista jurídico, no hay duda: el responsable del contenido de un escrito es siempre el profesional que lo presenta. La IA no tiene personalidad jurídica, ni capacidad de responder civil o disciplinariamente.

Esto significa que el uso de herramientas generativas no atenúa la responsabilidad del abogado o asesor; al contrario, puede agravarla si se considera una actuación negligente. Presentar un escrito con errores graves derivados de un uso acrítico de IA podría interpretarse como una vulneración de la lex artis, con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad civil profesional y deontológica.

La deontología ante un cambio de paradigma
Los códigos deontológicos de la abogacía no fueron diseñados para un escenario en el que una máquina participa en la elaboración de argumentos jurídicos. Sin embargo, principios como diligencia, competencia profesional e independencia resultan plenamente aplicables.

Utilizar IA generativa sin comprender sus límites, sin verificar las fuentes o sin informar adecuadamente al cliente puede vulnerar estos principios. Algunos colegios profesionales ya han comenzado a debatir guías de uso responsable, conscientes de que la tecnología avanza más rápido que la autorregulación corporativa.

El papel de los tribunales: detección y reacción
Los tribunales se enfrentan a un desafío inédito. Detectar el uso de IA en un escrito no es sencillo, y distinguir entre apoyo legítimo y delegación indebida resulta aún más complejo. Por ahora, la reacción judicial ha sido puntual y reactiva: advertencias, reproches implícitos o rechazo de escritos manifiestamente defectuosos.

Sin embargo, esta aproximación caso por caso no es sostenible a medio plazo. La generalización del uso de IA exige respuestas institucionales: protocolos, criterios de admisión y, eventualmente, obligaciones de transparencia sobre el uso de herramientas algorítmicas en la elaboración de escritos.

El marco europeo: avances y vacíos
La Unión Europea ha avanzado de forma decidida en la regulación de la inteligencia artificial con el nuevo Reglamento de IA. No obstante, su impacto directo en la práctica judicial es limitado. El Reglamento excluye de su ámbito determinadas funciones judiciales y se centra más en sistemas de alto riesgo utilizados por administraciones que en herramientas generativas de uso general por profesionales privados.

Esto deja un vacío relevante: la IA generativa utilizada en despachos no encaja claramente en las categorías de riesgo definidas, pese a su potencial impacto sobre derechos fundamentales. La regulación europea establece principios, pero no resuelve los problemas cotidianos que ya se están produciendo en juzgados y tribunales.

Sesgos, opacidad y desigualdad procesal
Otro aspecto crítico es el de los sesgos algorítmicos. Los modelos generativos se entrenan con grandes volúmenes de datos, que reflejan patrones, prejuicios y desequilibrios existentes. En el ámbito jurídico, esto puede traducirse en argumentaciones sesgadas, reproducción de criterios mayoritarios sin matices o invisibilización de posiciones minoritarias.

Además, el acceso desigual a estas herramientas puede generar nuevas asimetrías procesales. Grandes despachos y operadores con más recursos incorporan IA de forma sistemática, mientras que pequeños profesionales quedan rezagados. La tecnología, lejos de democratizar la justicia, podría reforzar desigualdades si no se gestiona adecuadamente.

La transparencia como principio clave
Una de las posibles respuestas jurídicas es la exigencia de transparencia. Informar al tribunal del uso de IA generativa en la elaboración de un escrito no implica renunciar a la herramienta, sino asumir responsabilidad sobre su empleo. Este enfoque permitiría a los jueces valorar con mayor contexto el contenido presentado y fomentar un uso más prudente.

Sin embargo, imponer obligaciones de transparencia sin un marco común puede generar inseguridad jurídica. La clave está en definir estándares claros y homogéneos, evitando soluciones improvisadas o contradictorias entre órganos judiciales.

Formación jurídica y alfabetización algorítmica
El desafío no es solo normativo, sino formativo. La alfabetización algorítmica se convierte en una competencia jurídica básica. Comprender cómo funciona la IA generativa, cuáles son sus límites y cómo verificar sus resultados es ya parte del ejercicio profesional diligente.

La formación inicial y continua de juristas debe adaptarse a esta realidad. Ignorar la tecnología no es una opción, pero adoptarla sin criterio tampoco lo es.

¿Hacia una justicia asistida por IA o una justicia condicionada por ella?
La cuestión de fondo es estratégica. La IA generativa puede mejorar la eficiencia, reducir cargas administrativas y facilitar el acceso a la información jurídica. Pero también puede erosionar garantías procesales si se convierte en un atajo acrítico.

La justicia no puede permitirse una dependencia tecnológica no regulada. Su legitimidad se basa en la confianza, la motivación de las resoluciones y el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales. Cualquier herramienta que interfiera en ese núcleo debe ser tratada con cautela.

Conclusión
La irrupción de la inteligencia artificial generativa en la justicia no es un debate futurista, sino un problema jurídico presente. Los riesgos procesales, la responsabilidad profesional y las lagunas regulatorias exigen una respuesta urgente y ponderada. La regulación europea ha dado pasos importantes, pero no ha cerrado el círculo.

Mientras tanto, la carga recae sobre los profesionales y los tribunales, que deben gestionar una tecnología poderosa sin un marco plenamente definido. La clave no está en prohibir la IA, sino en integrarla con reglas claras, transparencia y formación. De lo contrario, el riesgo no es solo técnico, sino jurídico y democrático: una justicia más rápida, pero menos segura.

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