Con el Consejo General del Poder Judicial ya renovado y el Tribunal Constitucional parcialmente actualizado, el nuevo curso político debe afrontar reformas estructurales en digitalización, independencia judicial, agilidad procesal y contención de la judicialización política. La oportunidad ahora es consolidar el cambio institucional sin perder impulso.
CGPJ renovado: fin de un bloqueo histórico
Tras más de cinco años de interinidad, PSOE y PP firmaron en junio de 2024 un acuerdo que permitió la renovación inmediata del CGPJ. La elección de María Isabel Perelló como primera presidenta del órgano en septiembre marcó un nuevo comienzo institucional. Se abrió también un mandato de seis meses para diseñar propuestas de reforma del sistema de elección de vocales.
Tribunal Constitucional: renovación parcial y próxima agenda
Entre 2022 y 2023, cuatro plazas del Tribunal Constitucional fueron cubiertas, lo que permitió recomponer parcialmente el Tribunal. Sin embargo, esta renovación no concluye el proceso: la siguiente renovación de un nuevo tercio de magistrados debe producirse en 2026, incluyendo probablemente un cambio de presidente. Este será uno de los hitos institucionales clave en el horizonte.
Judicialización de la política y percepción de politización judicial
La excesiva presencia de conflictos políticos en los tribunales, junto con acusaciones de politización a la judicatura, erosiona la confianza ciudadana. La apuesta ahora debe ser por proteger la imparcialidad y evitar que la Justicia sea utilizada como herramienta de confrontación partidista — fenómeno conocido como ‘lawfare’.
Modernización tecnológica y reducción de demoras procesales
La Justicia española aún sufre retrasos digitales y saturación de los juzgados. Avanzar hacia una administración judicial plenamente electrónica, interoperable y eficiente es ya un objetivo obligatorio para el nuevo curso legislativo.
Demandas de Bruselas: reformas, eficiencia e independencia
La Comisión Europea ha exigido acelerar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como mejorar la eficiencia en las investigaciones de corrupción. También presiona para consolidar la independencia judicial mediante reformas estructurales del sistema de elección de órganos como el CGPJ.
Conclusión: impulso institucional con reformas necesarias
España ha superado parte del bloqueo institucional con la renovación del CGPJ y el avance parcial en la del Tribunal Constitucional. Ahora, el nuevo curso político debe continuar ese impulso con reformas profundas en carrera judicial, digitalización, agilización procesal y garantía de independencia. La legitimidad del sistema judicial necesita reforzarse más allá de los nombramientos: se requieren medidas concretas para restaurar la confianza y asegurar una Justicia eficiente, imparcial y adaptada al siglo XXI.