El Gobierno y ERC han pactado ampliar la planta judicial en Cataluña con 90 nuevos jueces en 2027, que se sumarán a las 91 plazas creadas este año mediante real decreto, según fuentes de la formación republicana conocidas este jueves.
La medida pretende aproximar la ratio de magistrados por habitante a la media europea y acompañar la nueva regulación sobre multirreincidencia —que se aprobará este jueves en el Congreso con la abstención de ERC— de mayores recursos y capacidad operativa.
Incremento de jueces en dos años
Según informa la Agencia EFE, en total se habilitarán 180 plazas adicionales en el plazo de dos años, elevando el número de jueces en Cataluña desde aproximadamente 870 hasta 1.050.
Con ello se atenderían las demandas formuladas en octubre por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, quien solicitó la creación de 187 nuevas plazas judiciales en la comunidad.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, manifestó a su llegada al Pleno que su partido no comparte el «tufillo racista» de la reforma, aunque reconoció que el problema «existe» y que sería «irresponsable» ignorarlo. A su juicio, la respuesta no pasa por incrementar las penas, motivo por el cual su formación ha acordado reforzar la planta judicial para evitar el «colapso judicial» y porque no tiene «ningún sentido» permitir la personación de ayuntamientos si no hay jueces suficientes.
ERC encuadra el aumento dentro del crecimiento general de la planta judicial en España derivado de la Ley de Eficiencia.
Tramitación de la ley contra la multirreincidencia
La iniciativa impulsada por Junts para combatir la multirreincidencia afronta el pleno del Congreso con un amplio respaldo parlamentario y previsiblemente será aprobada por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras permanecer más de un año paralizada.
El procedimiento legislativo comenzó en 2024 y se reactivó en noviembre, después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara la ruptura con el Ejecutivo por incumplimientos y considerara la legislatura «bloqueada».
La Comisión de Justicia dio luz verde al texto en diciembre con los votos favorables de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras ERC optó por la abstención.
Modificaciones introducidas
El dictamen que se vota este jueves incorpora enmiendas transaccionales promovidas por PP y PSOE, entre ellas la posibilidad de imponer hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles o el endurecimiento de determinadas circunstancias agravantes en delitos de estafa recogidos en el Código Penal.
Sumar, Bildu y Podemos han anunciado su rechazo a la norma, a la que califican de «populismo punitivo» y consideran beneficiosa únicamente para la extrema derecha. Tras su aprobación en el Congreso, el texto deberá continuar su tramitación en el Senado.