El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha citado como investigadas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a una de sus asesoras en el Palacio de La Moncloa en el marco de la causa que indaga posibles delitos de malversación de caudales públicos.
La investigación parte de las presuntas gestiones que Gómez habría realizado para favorecer a determinadas entidades en procedimientos de contratación pública, aprovechando su posición institucional. El magistrado ha acordado ampliar las diligencias tras recabar nuevos indicios sobre la eventual utilización de recursos y medios públicos en actividades privadas o ajenas a la función oficial.
La imputación implica que tanto Gómez como su asesora deberán comparecer en sede judicial para declarar y ejercer su derecho de defensa. El auto judicial señala que existen elementos suficientes para investigar si se produjo un desvío o utilización irregular de fondos públicos, lo que en el orden penal se encuadra dentro del delito de malversación.
El caso de Begoña Gómez se suma a la polémica política y mediática que rodea a la investigación, abierta a raíz de denuncias formuladas por asociaciones vinculadas al ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción. El procedimiento se encuentra aún en fase de instrucción, lo que significa que no se ha adoptado ninguna decisión definitiva sobre responsabilidades penales.
El juez Peinado ha ordenado además la práctica de nuevas diligencias documentales y testimoniales para esclarecer el alcance de las actuaciones investigadas. Tanto la defensa de Gómez como la del Ejecutivo han insistido en que no se ha cometido irregularidad alguna y que la imputación responde únicamente a una fase procesal garantista.
De confirmarse los indicios, el caso podría derivar en una causa por corrupción en el ámbito público, con consecuencias de gran calado político e institucional.