El Consejo General del Notariado ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores (CORPME) por lo que consideran la indebida informatización de los registros y al establecimiento de forma unilateral por los registradores de un sistema de nota simple online.
Fuentes jurídicas apuntan a que están en peligro 2,7 millones de inscripciones registrales realizadas desde el 8 de junio, según informó hoy el diario digital El Confidencial.
La Ley 11/2023, aprobada hace menos de dos años, traspuso una directiva europea que promueve la digitalización de actuaciones notariales y registrales, entre otras cuestiones. Se dio un año, hasta el 8 de mayo, para informatizar los libros de los registros, tener llevanza electrónica de los libros, y tener y ejecutar firma electrónica cualificada.
Los notarios afirman que tras las periciales practicadas han detectado que los registradores no firman con firma electrónica, lo que impide a los notarios verificar los datos de los libros.
En la demanda presentada el 7 de marzo, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los notarios consideran que no se está cumpliendo esto, y que el Ministerio de Justicia tiene la obligación de supervisar cómo el Colegio de Registradores cumple con la informatización que recoge la ley.
Los notarios afirman en la demanda, a modo de ejemplo, que tienen obligación de acreditar al otorgante que el inmueble es propiedad del vendedor y que no tiene cargas, pero que si los libros del Registro no están firmados correctamente, el notario no puede cumplir su función correctamente.
Ni desde el Consejo General de Notarios ni desde el Ministerio de Justicia hay comentarios. Desde el Colegio de Registradores afirman que «el registro electrónico funciona con total normalidad, como puede comprobar cualquier usuario por sí mismo.
En su gestión se han aplicado los estándares más altos de seguridad y la tecnología más avanzada. Lamentamos que se haya presentado una demanda que solo puede obedecer a intereses corporativos del Consejo General del Notariado, ya que toda la instauración del nuevo sistema se ha ejecutado con arreglo a las instrucciones dictadas por el Ministerio de Justicia y tanto los registros como el sistema de copias de seguridad del Colegiovde Registradores están dentro del Esquema Nacional de Seguridad envnivel alto”.
La demanda pide “adoptar cuantas medidas sean necesarias para que”vse cumpla con el calendario de la Ley 11/2023, exigiendo, envparticular: la llevanza electrónica, el establecimiento de un sistema útil que permita la presentación efectiva de documentos en los registros por parte de los notarios, la interoperabilidad de los sistemas de información y comunicación de registradores y notarios, el acceso directo de los notarios a los libros de los Registros, el cumplimiento estricto del sistema de información continuada, y que la remisión de los datos y asientos electrónicos que se replican en el Colegio de Registradores deben remitirse por estos y conservarse en el Colegio “debidamente encriptados”.
Los notarios también reclaman que se elimine el sistema de nota simple online con alerta, que implementó unilateralmente el Colegio de Registradores, para rehabilitar el sistema de comunicación electrónica, mientras se establece un sistema de acceso directo de los notarios a los libros de los Registros sin que intermedie el registrador.
El choque entre los notarios y los registradores de la propiedad suma un nuevo capítulo que ha llegado a los tribunales. El CGN ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores (CORPME) por lo que consideran la indebida informatización de los registros y al establecimiento de forma unilateral por los registradores de un sistema de nota simple online.