El Rey Felie VI presidió hoy en el Tribunal Supremo el acto solemne de Apertura del Año Judicial 2025 / 2026, en el que han intervenido el secretario de Gobierno, Ángel Tomás Ruano; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que, además, presentó la Memoria anual sobre el Estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia.
Durante el desarrollo del acto el Rey estuvo acompañado, además, por los Miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo; por las autoridades de los Poderes del Estado; y autoridades civiles y judiciales no togadas., según ha informado la Casa Real.
PERELLÓ
Durante su intervención, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado las «inoportunas» e «insistentes descalificaciones» a la justicia por parte de otros poderes públicos, y ha censurado que se intente atribuir a los jueces «intenciones u objetivos» contrarios a los principios que rigen su actuación.
«Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función», ha subrayado Perelló durante el acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI este viernes en el Tribunal Supremo.
Días después de las críticas efectuadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos jueces, la presidenta del CGPJ ha lanzado una defensa a la independencia judicial, que no es -ha recalcado- «un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos», y que no significa «libre arbitrio» pues los jueces están sometidos a la ley.
Según la ley, ha añadido, «todos están obligados a respetar la independencia de jueces y magistrados». Ese respeto, ha subrayado, exige «que no se nos presione, que no se nos condicione, que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier otro tipo».
En presencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Perelló ha señalado que «no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones», y ha apuntado que «cada cargo público es responsable de sus actos».
Ahora bien, ha dejado claro que defenderán «con firmeza los principios esenciales» del Poder Judicial y ha recordado que esas «descalificaciones» a la justicia socavan la confianza de los ciudadanos, tratan de «influir negativamente» en la consideración de los jueces y son «impropias de un Estado de derecho».
A su juicio, la sociedad «no merece» que los poderes públicos entren en «reproches mutuos», sino que las instituciones funcionen con normalidad y actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. «Y así lo hará el Poder Judicial», ha dicho.
Ha recordado a su vez que todos los poderes del Estado deben preservar la confianza en la justicia, y ha asegurado que, «a pesar de las descalificaciones», el Poder Judicial «no va a desviarse de su camino de rectitud y honestidad».
Tras elogiar la labor del CGPJ en su primer año de andadura, en el que ha cumplido el «primer desafío» de cubrir las numerosas vacantes en plazas judiciales (161 nombramientos, más de una treintena en el Supremo), Isabel Perelló ha mostrado su preocupación por la «alarmante» falta de jueces en España.
No obstante, ha advertido de que el incremento de la planta judicial «no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación» y que las reformas en el sistema de selección que puedan plantearse en el futuro deben respetar siempre los principios de publicidad, objetividad, conocimiento exhaustivo del Derecho, y transparencia.
Por ello, ha reclamado diálogo institucional y la participación del CGPJ en las reformas en trámite, impulsadas por el Ministerio de Justicia, que afectan a la carrera judicial y «generan legítima preocupación en la judicatura», y ha subrayado que la solución a esa falta de jueces no puede «quedar supeditada al incierto devenir de determinadas iniciativas legislativas».
La presidenta del CGPJ también ha pedido medidas para evitar dilaciones en la justicia y se ha reafirmado en su compromiso con la igualdad.
Perelló ha recibido el aplauso de un grupo de magistrados y fiscales conservadores, algo inusual en este acto protocolario, en el que minutos antes también ha sido aplaudido por algunos jueces y fiscales el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya presencia ha sido muy cuestionada por un amplio sector de la judicatura por estar procesad
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado ante el rey que es «plenamente consciente» de su situación procesal, pero ha dejado claro que si asiste a la apertura del año judicial que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo es porque cree en la justicia y en las instituciones que la conforman «y, por supuesto, también en la verdad».
García Ortiz se ha referido así en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo después de que las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del CGPJ le hayan pedido que no asistiera a este acto por estar procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio.
Pero acto seguido ha hecho una mención directa: «Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad».
Además, García Ortiz ha aprovechado la ocasión para pedir respeto al Ministerio Público y defender a la institución: «Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley».
Es más, ha subrayado que «lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía es la mejor salvaguarda para la ciudadanía y el Estado de derecho».
Por eso, ha apelado a la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, un cambio legal que «precisará de una metamorfosis de la Fiscalía española».
Entre ellos, ha citado, «los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias». «Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general. Restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente», ha añadido.
García Ortiz ha comenzado su discurso subrayando explícitamente su posición institucional como fiscal general. «Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí -en mi condición de fiscal general del Estado- en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo».
Inmediatamente ha hecho referencia a que acude a «este acto solemne y reglado presidido por el jefe del Estado» para «participar como dispone la ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España».
La víspera del acto, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, así como los vocales conservadores del CGPJ, habían pedido que no asistiera pero desde Fiscalía destacaron que García Ortiz estaba obligado a acudir a este acto como marca la ley; por tanto, no puede elegir ir o no ir que es, en síntesis, lo que ha defendido ante la judicatura y las altas instituciones del Estado.
Pese a la tensión que precedía este acto, su intervención ha transcurrido con normalidad y no se ha producido ninguna acción de protesta ni gesto discordante por parte de los asistentes al acto.
Al contrario, al término de su intervención se han escuchado aplausos en la sala, un hecho insólito y poco común en este acto, muy rígido en costumbres y protocolos, si bien los más próximos a García Ortiz no han aplaudido su discurso y han permanecido en silencio, como la mayoría de los magistrados y vocales del CGPJ.