El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El alto tribunal ha adelantado este jueves el fallo de una sentencia que contará con el voto particular de dos de los siete magistrados.
Según informa el Poder Judicial, este es el fallo:
«FALLO
Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.
Le absolvemos del resto de los delitos objeto de la acusación.
Los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán.»
El Poder Judicial también destaca que La sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos a partir de su notificación en legal forma y que la resolución incorporará dos votos particulares emitidos por las Magistradas de la Sala II D.ª Ana María Ferrer García y D. ª Susana Polo García que disienten de la misma lo que determina un cambio en la Ponencia que la asume el Presidente de la Sala D. Andrés Martínez Arrieta. El fallo ha sido comunicado a las partes.
La decisión del tribunal llega cuando no se ha cumplido aún una semana de que, el pasado jueves por la tarde, quedara visto para sentencia el juicio a García Ortiz, acusado de filtrar un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, informa El País
La difusión de ese _email, _en el que el letrado proponía un pacto a la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, se produjo el 13 de marzo de 2024, después de que El Mundo publicase una información que recogía la versión falsa que estaba extendiendo el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de conformidad de su pareja con la Fiscalía, según la cual, era el ministerio público la que estaba ofreciendo un pacto al empresario.
Durante el juicio, que se celebró en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre pasado, declararon 40 testigos, entre otros, Alberto González Amador; el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas, incluidos
tres de EL PAÍS.
Varios de ellos aseguraron que sabían que González Amador reconocía sus delitos para intentar un pacto de conformidad antes de que el fiscal general recibiera el correo que centra la investigación
—algunos han aportado mensajes de WhatsApp que lo constatan—. Y tres de ellos dijeron que tuvieron acceso a ese _mail_ y que no fue el fiscal general quien se lo hizo llegar. Pero todos se acogieron al
secreto profesional, un derecho reconocido en la Constitución, para no revelar sus fuentes. Entre ellos está Miguel Ángel Campos, el redactor de la Cadena SER que dio la primera noticia sobre el correo
filtrado (fechado el 2 de febrero), que aseguró que accedió a su contenido al mediodía el 13 de marzo, pero que su fuente le prohibió publicarlo y solo le dio permiso una vez que El Mundo había
difundido la versión tergiversada que Miguel Ángel Rodríguez llevaba horas propagando.
Las acusaciones restan credibilidad a estos testimonios con argumentos como que pueden excusarse en el secreto profesional para no decir la verdad; o como que, según las palabras del abogado de González
Amador, “poseen un interés económico, profesional o de negocio en cuidar como fuente al ministerio fiscal”.