La mayor parte de las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), empiezan una jornada de huelgas que se extenderá desde hoy hasta el jueves en contra de las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia encabezado por Félix Bolaños. El motivo principal que ha llevado a los jueces y fiscales es que consideran que los cambios atacan directamente a la independencia judicial.
El pasado 11 de junio ya se convocó un paro de 10 minutos por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) comenzaron convocando un paro de 10 minutos el 11 junio, al que siguió la concentración del pasado sábado ante el Tribunal Supremo (TS), tal y como ha informado El Debate.
El 17 de junio las cinco asociaciones anunciaron huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.
Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas son «imprescindibles para abordar los retos de la Justicia del siglo XXI» y para actualizar las «estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX».
«Estoy convencido de que tendréis ocasión de estudiar el detalle de este proyecto de ley y, en su caso, proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria», les dijo el ministro, invitándolas a «participar y colaborar en este proceso activamente».
Representantes de las asociaciones se reunieron con diputados del grupo socialista, que les ofrecieron «mejorar» el texto de las reformas durante el trámite parlamentario, si bien las convocantes lo consideraron un «brindis al sol» porque no apreciaron una verdadera voluntad de hacer los cambios reclamados, según las fuentes consultadas.
Alerta por «riesgo de selección ideológica»
Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo» y «sin contrapesos» suficientes.
Bolaños, por su parte, ha asegurado que los temores expresados por las asociaciones de jueces y fiscales son «infundados», al tiempo que ha calificado de normales las reticencias de un sector que, según el ministro, siempre se ha resistido al cambio.