La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a un hombre a ocho años de prisión por forzar a una joven de Venezuela a prostituirse en Mallorca por un delito de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución coactiva. El Tribunal también ha condenado a la mujer que gestionaba el piso en el que la víctima ejercía la prostitución a dos años y seis meses de prisión por un delito de proxenetismo. Además, los dos procesados deberán indemnizar a la víctima con 15.000 euros.
Según la resolución, “el acusado, con la finalidad de explotarla sexualmente y aprovechándose de la situación en la que se encontraba la testigo protegida, la captó mediante engaño pues estaba en un país extranjero debido a las circunstancias familiares y sociales de su país de origen y, tras ganarse su confianza, le ofreció venirse a España, haciéndole creer que iba a trabajar en la hostelería, provocando que la denunciante regresase de Ecuador a Venezuela para cogerse un avión y venir a España”. Los magistrados destacan que una vez la víctima llegó, el acusado la fue a buscar al aeropuerto “asegurándose que no contactaba con otra persona, y del mismo aeropuerto la llevó directamente al prostíbulo”. El procesado, en connivencia con la otra acusada, “inició la fase de explotación sexual de la testigo protegida”.
De acuerdo con la sentencia, el acusado le explicó a la víctima “que tenía una deuda que tenía que satisfacer advirtiéndole de que trabajaba para una mafia rusa y de que si no satisfacía la deuda podrían tirarla al mar, así como sus familiares en Venezuela también podrían verse en esa situación”. También le advirtió que si quería comer tenía que ganarse el dinero ejerciendo la prostitución, señalan los jueces.
En consecuencia, los magistrados concluyen que el acusado determinó a la víctima a ejercer la prostitución, se aprovechó de su situación de vulnerabilidad, la intimidó, consiguiendo su objetivo, puesto que la denunciante estuvo durante varios días ejerciendo la prostitución, sin recibir el importe de sus servicios, repartiéndose ambos procesados el dinero.
La sentencia no es firme, cabe recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.