La Comunidad de Madrid destinará más de 10,8 millones de euros a reforzar la protección del patrimonio gestionado por la Agencia de Vivienda Social (AVS) y, entre otros objetivos, a prevenir ocupaciones ilegales y posibles daños o deterioros en las promociones destinadas a familias con escasos recursos económicos.
En concreto, el Consejo de Gobierno, en su reunión de esta semana, ha conocido la adjudicación del nuevo contrato de seguridad, con un plazo de actuación de 24 meses y prorrogable hasta 2030, que está destinado a cuidar no solo de los 50.000 inmuebles que están en posesión de la AVS, sino también de los distintos centros de atención y registro que pone a disposición de los ciudadanos.
Según informa la Comunidad de Madrid, de esta forma, el Ejecutivo autonómico refuerza las medidas desarrolladas durante los últimos años para preservar todos los recursos con los que cuenta este organismo regional, que incluye 25.000 viviendas ubicadas en 119 localidades que ofrecen una residencia a cerca de 100.000 madrileños. Además, dispone de locales, garajes y parcelas que requieren de vigilancia.
En este sentido, la AVS lleva a cabo iniciativas que combinan medios personales y elementos de persuasión, como la instalación de alarmas o puertas antiocupación. A través de estas actuaciones, aumenta la seguridad de los inmuebles y de los inquilinos que residen en las viviendas sociales de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional construirá más de 2.100 hogares en la presente Legislatura, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a través del patrimonio que gestiona la AVS. Así, actualmente ya se encuentran en fase de edificación cerca de 1.200 pisos en seis localidades: Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y la capital.
Novedades en el nuevo reglamento de vivienda
Con el objetivo de reducir el número de ocupaciones ilegales, tanto en las viviendas públicas como privadas, el nuevo Reglamento de Vivienda incluirá que las personas condenadas por ocupación no podrán acceder a un inmueble protegido en la región durante cinco años.
El texto, que actualmente se encuentra en fase de tramitación, prevé un periodo de audiencia e información pública, y su aprobación está prevista para el mes de julio. La normativa establecerá que cuando exista una sentencia firme por los delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrá beneficiarse de un piso con protección si se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud.