Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de «matarle públicamente» debido a que, tras la publicación de la información sobre el pacto que ofreció su abogado al fiscal, se convirtió en «el delincuente confeso del Reino de España».
En su declaración como testigo en el juicio que acoge el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, este empresario ha denunciado que sigue «siendo por parte de la Fiscalía el delincuente confeso». «Yo estoy enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado. No tengo duda alguna», ha añadido, informa EFE.
González Amador, que está procesado por un fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios, ha señalado que con la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 se rompió su presunción de inocencia y desde el Gobierno comenzó a aludirse a él como «delincuente confeso».
Aquella nota de prensa aclaraba lo sucedido tras informaciones contradictorias publicadas un día antes, algunas de las cuales apuntaban que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto al abogado de González Amador, cuando había sido al revés, y que lo había retirado «por órdenes de arriba».
Miguel Ángel Rodríguez
Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez admitió al juez que envió a periodistas un mensaje en el que atribuía la iniciativa del pacto a Fiscalía y decía que lo había retirado por «órdenes de arriba».
Aquello, dijo en su declaración, no fue «información» sino una suposición que pudo «intuir, colegir, adivinar» porque tiene el «pelo blanco».
Como ocurrió en la fase de instrucción, el papel de Rodríguez está generando polémica en el juicio, toda vez que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le atribuyen haber filtrado la información falsa que perjudicaba la imagen del Ministerio Público y que recogieron algunos medios.
No será hasta la tarde cuando se conozca su testimonio ante los siete magistrados del Supremo que juzgan estos hechos.
El ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés ha negado que diera indicaciones a Fiscalía General del Estado para que filtrase a Moncloa los correos de la causa por fraude fiscal de Alberto González Amador.
En su testifical, Vallés ha rechazado que diera cualquier indicación a Fiscalía General para que le filtrase información.
«Imposible, para nada, nunca hemos tenido relación para nada, es imposible que se produjera algo así y es evidente que esto no ha sido», ha subrayado Vallés, que ha añadido que no tenía el teléfono de nadie de Fiscalía General del Estado.
En su auto de procesamiento, el instructor Ángel Hurtado consideró que la filtración del correo clave se produjo «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», si bien la Sala anuló esa referencia más tarde al revisar el recurso del fiscal general.
Por tanto, se ha desmarcado de cualquier participación en la filtración dejando claro que «ni un solo periodista de este país, nadie en el transcurso de este periodo» le llamó para preguntarle nada sobre la pareja de Ayuso.
Esto es así, porque el 14 de marzo de 2024, cuando se publica el correo clave del día 2 de febrero, en el que el abogado de la pareja de Ayuso propone el pacto, fue «un día muy intenso» con los presupuestos generales, las elecciones en Cataluña y la votación de la Ley de Amnistía en el Congreso.
Vallés ha dicho también que no envió ninguna consigna política al ex secretario general de PSOE de Madrid Juan Lobato de cara a la sesión en la Asamblea de Madrid en la que iba a pedir la dimisión de Ayuso.
Tan solo, le remitió «cuatro noticias», que no consignas», porque Lobato era, además, senador que daba apoyo al Gobierno y, por tanto, entendía que la cuestión «iba a subir de tono» y para que estuviera «disponible» pues la víspera, el presidente del Gobierno había pedido la dimisión de Ayuso y su misión era «garantizar la unidad del mensaje».
El fiscal que actualmente investiga a Alberto González Amador ha explicado que los abogados del empresario siguieron buscando un pacto de conformidad tras la presunta filtración del correo que admitía un fraude a Hacienda.
Diego Lucas es el fiscal que relevó a Salto en la causa en la que la pareja de Díaz Ayuso está procesado por un fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.