El INE ha confirmado que el IPC subió en julio un 2,7%, cuatro décimas más que en junio, por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes.
Las rentas de alquiler que se revisen ahora podrán subir como máximo un 2,15%, de acuerdo con el índice que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador se aplica a los contratos firmados después de la entrada en vigor de la ley de vivienda, en mayo de 2023. El INE publica esta información desde noviembre pasado y para fijar el índice tiene en cuenta la inflación general y la subyacente (sin energía ni alimentos frescos), y establece un valor de referencia en el 2%, que es el objetivo de inflación a medio plazo que se ha fijado el Banco Central Europeo (BCE).
La referencia se publica el mismo día en que Estadística ha confirmado que el IPC subió cuatro décimas en julio hasta situar la tasa anual en el 2,7% al haberse encarecido la electricidad y los carburantes en pleno verano. Mientras, la subyacente -que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos frescos- avanzó una décima, hasta el 2,3%. Desde su primera publicación, el pasado noviembre, este indicador se ha movido en un rango estrecho, en torno a ese 2% (entre el 1,98% de marzo de este año y el 2,3% de diciembre del pasado).
La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en los alquileres y atribuye al INE el establecimiento de este indicador de subida anual de las rentas. Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, el Gobierno decidió limitar la subida de los alquileres al 2% para 2023 y para 2024 lo fijó en el 3%.
Para 2025 ya empezó a aplicarse este índice que publica el INE. Las actualizaciones se producen de forma anual, por lo que los caseros que tengan que revisar el alquiler a sus inquilinos podrán aplicar como máximo esta subida, aunque también existe la posibilidad de prorrogar la renta durante 5 años si el propietario de la vivienda es un particular o hasta 7 años si es un gran inversor.