La Comunidad de Madrid publicó hace unos días una nueva propuesta para regular el programa ‘Mi primera vivienda’, la iniciativa que facilita la concesión de avales con respaldo público de hasta el 100% de la hipoteca a los ciudadanos que siendo solventes carecen de capacidad de ahorro para comprar su primera casa para destinarla a domicilio habitual.
El último borrador sometido al trámite de audiencia e información pública por el Gobierno regional incluye algunos cambios importantes con respecto al primer texto que publicó en marzo. Algunas de esas modificaciones representan novedades, como el repunte del precio máximo subvencionable, y otras suponen abandonar planteamientos que la propia Administración había puesto sobre la mesa.
Este es el caso de la cláusula que iba a beneficiar a personas que trabajan en la Comunidad de Madrid pero no viven en ella. En el anterior borrador, la Consejería de Vivienda contemplaba la posibilidad de avalar la compra de una casa situada en la región a quienes pudieran acreditar un mínimo de dos años de antigüedad como empleados de un centro de trabajo situado en su territorio pero que no estuvieran de alta en ningún padrón municipal madrileño.
En la nueva versión que ha redactado el departamento esta posibilidad desaparece, por lo que del programa ‘Mi primera vivienda’ no podrá beneficiarse nadie que trabaje en Madrid y no viva ya en ella. Esta residencia, además, deberá ser legal continuada e ininterrumpida durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de hipoteca en cualquiera de las entidades financieras asociadas a la iniciativa regional.
El nuevo planteamiento va en línea con otras reformas normativas que tiene en marcha el área que dirige Jorge Rodrigo, que está apostando por primar el «arraigo» en la Comunidad de Madrid para acceder a las viviendas construidas en suelos con algún tipo de protección pública. Es el caso de las normas del Plan Vive o del futuro reglamento de vivienda protegida, una regulación que prevé exigir un periodo de residencia mínima para poder acceder a un inmueble tanto en la modalidad de compraventa como en la de alquiler.
Las intenciones actuales apuntan a que se pedirán al menos 10 años para adquirir una casa y cinco para arrendarla, pero habrá que esperar a la redacción final que dará la Consejería de Vivienda a la regulación para ver cómo queda pretensión, ya que durante la tramitación —que continúa a día se hoy y se prevé que se alargue aún algunos meses—se han aplicado algunas modificaciones respecto de los planes iniciales.
No es extraño que los textos sufran estos ajustes durante su elaboración en el seno de la Administración pública. De hecho, uno de los ejemplos más recientes es el proyecto de orden de ‘Mi primera vivienda’, que estará sometido al trámite de audiencia hasta el 12 de mayo y en el que la consejería ha incluido otra modificación de calado que afecta a las casas que se pueden adquirir mediante a este programa, concretamente a su precio.
El Ejecutivo ha decidido actualizar el precio máximo permitido, que era de 390.000 euros desde 2022 cuando se aprobó el programa, hasta los 425.000 euros, es decir, 35.000 más. Esta cantidad ha resultado de tener en cuenta el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al periodo 2023-2025, de acuerdo con la consejería que apunta que con este cambio el límite de precio «se mantiene actualizado y acorde a la evolución del mercado».
El nuevo borrador mantiene sin alteraciones el resto de propuestas con las que el Ejecutivo quería ampliar el número de beneficiarios del programa, que se lanzó en 2022, como son la ampliación del umbral de edad para permitir el acceso a beneficiarios de hasta 50 años y la que contempla la concesión de avales a las familias con hijos menores a su cargo independientemente de cual sea la edad de los progenitores, una posibilidad que ya existía para familias monoparentales y numerosas.