El Gobierno continúa negociando el contenido del futuro decreto de vivienda con el objetivo de garantizar los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso. Entre las medidas que se estudian figura la recuperación de la desgravación en el IRPF para las hipotecas destinadas a la compra de la primera vivienda, una de las principales reclamaciones planteadas por Junts durante las conversaciones.
Según informa El Periódico, el paquete de medidas también incluiría la prórroga de determinados contratos de alquiler, la regulación del alquiler de temporada y el incremento del IVA aplicable a las viviendas de uso turístico. Según fuentes conocedoras de la negociación, el Ejecutivo trabaja para incorporar algunas de las condiciones exigidas por la formación de Carles Puigdemont, que fueron determinantes para rechazar en su momento la prórroga de los contratos de alquiler.
Aunque desde Junts aseguran que no existe una negociación abierta con el Gobierno, fuentes cercanas al proceso sostienen que el partido ha trasladado por escrito sus propuestas para que puedan incorporarse al texto definitivo del decreto.
Vuelve la deducción por compra de vivienda habitual
La intención del Ejecutivo pasa por recuperar la posibilidad de desgravar en el IRPF las hipotecas destinadas a la adquisición de la vivienda habitual para quienes firmen el préstamo una vez entre en vigor la nueva norma.
Esta deducción estuvo vigente hasta 2013 bajo distintos gobiernos del PSOE y del PP. Permitía deducir el 15 % del importe destinado al pago de la hipoteca —capital, intereses y otros gastos asociados— con un límite máximo de 9.040 euros anuales, lo que suponía un ahorro aproximado de 1.356 euros en la declaración de la renta.
El planteamiento actual mantiene el mismo espíritu, aunque todavía se están definiendo los límites y condiciones. Entre las cuestiones que siguen sobre la mesa figura la posibilidad de establecer un número máximo de viviendas en propiedad para poder acceder a este beneficio fiscal.
El objetivo del Gobierno es cerrar el texto durante las próximas semanas y elevarlo al Consejo de Ministros a lo largo del mes de julio.
Las propuestas siguen en negociación
Por el momento no existe una versión definitiva del decreto. PSOE y Sumar partieron la pasada semana de un primer borrador que continúa siendo objeto de modificaciones para incorporar las aportaciones del resto de grupos parlamentarios.
El Ejecutivo presta especial atención a las demandas de Junts, después de que la formación catalana rechazara en abril la prórroga de los contratos de alquiler al considerar insuficientes las medidas planteadas. Algunas de sus principales reivindicaciones ya aparecen reflejadas en el texto que continúa negociándose.
También se estudian incentivos fiscales para el alquiler
Además de la recuperación de la deducción por compra de vivienda, Junts plantea establecer beneficios fiscales tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios.
El Gobierno da por hecho que esta medida formará parte del decreto, aunque todavía analiza la fórmula concreta para su aplicación. Uno de los aspectos pendientes consiste en definir qué se considerará pequeño propietario, un debate que ya surgió durante las negociaciones mantenidas meses atrás con el PNV sobre el denominado escudo social, cuando se planteó fijar ese límite en una o dos viviendas.
Asimismo, el Ejecutivo estudia crear distintos niveles de desgravación para los propietarios en función del precio del alquiler fijado, tomando como referencia el índice elaborado por el Ministerio de Vivienda. La intención sería incentivar el alquiler por debajo de esos precios mediante mayores beneficios fiscales y reducirlos cuando las rentas superen los valores establecidos.
Otra de las propuestas trasladadas por Junts consiste en eximir del pago del IRPF a los mayores de 65 años que vendan su vivienda para financiar su estancia en una residencia.
La formación también reclama medidas que impulsen la construcción y la rehabilitación de viviendas. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, defendió recientemente en una entrevista en RNE que el Gobierno debería limitarse a «copiar y pegar» las propuestas presentadas por su partido porque «El texto legislativo está hecho». Desde la formación advierten además de que «si presentan lo de siempre, tendrán el voto de siempre».
Podemos rechaza los incentivos fiscales
Mientras el Gobierno busca una mayoría suficiente para sacar adelante el decreto, Podemos ya ha anunciado que votará en contra si el texto incluye incentivos fiscales dirigidos a los propietarios.
La formación proponía dividir el contenido en dos iniciativas distintas: una centrada en las medidas fiscales y otra en el resto de actuaciones relacionadas con la vivienda, como la prórroga de los alquileres.
Sin embargo, el Ejecutivo descarta esa posibilidad y mantiene la intención de aprobar todas las medidas en un único decreto.
El Gobierno confía en reunir una mayoría parlamentaria con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Compromís y Coalición Canaria, lo que permitiría superar los votos en contra de PP, Vox y UPN si finalmente Podemos opta por la abstención.
Prórroga de alquileres y nuevas normas para el alquiler temporal
Además de las medidas fiscales, el decreto contempla ampliar durante dos años los contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, recuperando así una de las iniciativas que decayó durante la pasada primavera.
El texto también prevé elevar al 21 % el IVA de las viviendas de uso turístico y regular tanto el alquiler de temporada como el alquiler por habitaciones.
La propuesta limita el alquiler temporal a situaciones debidamente justificadas, como motivos laborales, académicos o tratamientos médicos, con el objetivo de impedir que esta modalidad se utilice para eludir la normativa aplicable a la vivienda habitual, cuya duración mínima es de cinco años.
Además, establece que los contratos de temporada deberán tener una duración mínima de 31 días y un máximo de 12 meses. Si no existe una causa temporal acreditada o se encadenan varios contratos que superen ese plazo, el arrendamiento pasará a considerarse vivienda habitual y quedará sometido a las garantías previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La iniciativa también recoge que el inquilino podrá abandonar un contrato temporal con un preaviso de 10 días y sin obligación de indemnizar al propietario.
Por otro lado, el texto prohíbe que los arrendatarios asuman impuestos o gastos de comunidad ajenos a la renta pactada, tanto en alquileres temporales como en los de vivienda habitual.
En el caso del alquiler por habitaciones, la regulación se aplicará cuando constituya la residencia habitual del inquilino, quedando igualmente sujeto a los límites de precio establecidos en las zonas tensionadas.
Por último, el decreto contempla un régimen transitorio por el que los contratos actualmente vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento, aunque cualquier renovación deberá adaptarse a la nueva normativa.