La sede del Colegio Notarial de Madrid acogió el pasado martes la celebración del curso El riesgo de los criptoactivos en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, organizado por el Consejo General del Notariado (CGN) en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense. Los expertos, representantes del Notariado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los sujetos obligados, señalaron que, a pesar de los esfuerzos legislativos, existe cierta opacidad en el sector de las criptos que hace atractivo su uso para distintos tipos de crimen organizado, y coincidieron en la importancia de la cooperación institucional, el análisis de las alertas y el rastreo de las transacciones para hacer frente a esta lacra.
Según informa el Consejo General del Notariado, en la inauguración, la presidenta, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, puso en valor la colaboración activa de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: “Los notarios somos sujetos obligados desde el año 2003, con una característica diferencial respecto de otros: mantenemos un contacto directo y diario con las personas y podemos intervenir antes de que una operación llegue a formalizarse cuando existe riesgo de blanqueo”.
Barrio Del Olmo apuntó al papel esencial del Órgano Centralizado de Prevención del Notariado, que emplea datos auténticos, procedentes de los documentos notariales y contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial, “la segunda mayor base de datos de España”, en su labor de análisis de las operaciones. “Desde enero de 2004, los notarios trasladamos a campos parametrizados los datos contenidos en las escrituras públicas, creando el Índice Único Informatizado Notarial, que reúne información de más de 178 millones de documentos, con datos de 48 millones de personas físicas y 3.400.000 de personas jurídicas”, detalló.
El notario Juan Kutz, presidente del Grupo de Trabajo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del Notariado europeo, impartió la conferencia inaugural, dedicada al uso de los criptoactivos en las notarías españolas. En su intervención, destacó que los máximos organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), señalan que el sistema español de prevención es el modelo a seguir: “Si quieren establecer un sistema eficaz, copien el modelo del Órgano Centralizado de Prevención del Notariado español”. Este órgano, explicó Kutz, “es el pilar básico de la colaboración con las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” y su acción permite “evitar la introducción en el sistema legal de dinero obtenido ilícitamente, un ámbito en el que los criptoactivos presentan ciertos riesgos”.
Fernando Sanz, jefe de Sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial, hizo hincapié en la relevancia de la cooperación internacional y la necesidad de disponer de herramientas para analizar gran cantidad de datos, trazar y seguir el rastro de las operaciones. “Los criptoactivos se están utilizando en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, la trata de personas y el terrorismo porque permiten efectuar pagos muy rápidamente: hablamos de operaciones que se confirman en segundos y no se pueden echar atrás”, alertó.
El representante de la UDEF apuntó a los sistemas de intercambio o exchange como una pieza clave en las investigaciones para disponer de información sobre la titularidad de las criptos: “Estos sistemas deben aplicar políticas rigurosas de conocimiento e identificación del cliente, que nos permitan vincular una operación y su trazabilidad con una persona concreta. Cuando esas políticas no se aplican de forma estricta o los exchange operan desde territorios no cooperantes, se genera una importante brecha de prevención”.
Juan María Vaquero, teniente de la Guardia Civil y jefe del Departamento de Investigaciones contra la Financiación del Terrorismo, aludió a un “cambio de paradigma” en materia de terrorismo internacional: “Nuestro trabajo ya no consiste tanto en obtener la información de las transacciones como en descubrir quién se encuentra detrás de cada una de esas direcciones de criptomonedas”.
Vaquero defendió el importante rol que desempeñan los sujetos obligados en el inicio de las investigaciones, “ya que disponen de información de primera mano, incluso más inmediata que la que pueden tener las fuerzas y cuerpos de seguridad”, y se refirió a las futuras amenazas vinculadas al uso de la inteligencia artificial, “como la generación de identidades digitales fraudulentas”, al tiempo que defendió que su utilización también “puede reforzar la respuesta del sistema preventivo”.
Desde la perspectiva de los sujetos obligados, Álvaro Sevilla, jefe de la Unidad de Investigaciones Complejas sobre Delitos Financieros de Revolut, reconoció “la complejidad de identificar una transacción vinculada al terrorismo, el blanqueo u otra actividad delitos entre un billón de transacciones anuales” que se realizan en la plataforma.
Sevilla advirtió que las organizaciones criminales están “profesionalizadas” y tienen una estructura “completamente empresarial, formación específica e incluso incentivos en función de lo que consigan defraudar” y expuso algunos casos prácticos de operaciones fraudulentas y estafas a usuarios vinculadas a operaciones delictivas, así como los mecanismos efectivos que emplean para detectarlas.
Sobre las comunicaciones de información relacionadas con operaciones sospechosas, el jefe de División de Análisis de Inteligencia Financiera Estratégica del SEPBLAC, Juan Carlos Calleja, señaló que “desde 2021, las comunicaciones relacionadas con el sector cripto se han multiplicado exponencialmente. Esto habla muy bien de los sujetos obligados, que han tenido que invertir en cumplimiento, en formar analistas y examinar las alertas”.
En este sentido, subrayó que “el sistema de prevención funciona si trabajamos en común la actividad supervisora, los sujetos obligados, los cuerpos policiales y las unidades de inteligencia”. Así, apuntó que uno de los motivos del éxito del modelo español es que dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera tenemos unidades adscritas, que incluyen a personal en activo de Policía, Guardia Civil, la Agencia Tributaria o de vigilancia aduanera, que actúan con una doble función y saben perfectamente cómo traducir la información que nos llega en las comunicaciones a indicios en informes operativizables”.
Los criptoactivos “han llegado para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ellos; un nuevo formato que irá evolucionando y que debemos seguir”, valoró Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención del Notariado, al cierre de la jornada. “En operaciones con criptoactivos, siempre podemos encontrarnos una parte que no nos dé información, o un exchange que no esté regulado o no tenga las mismas obligaciones, con lo cual tenemos que poner el mayor número de efectivos en evitar la entrada de dinero ilícito en el circuito legal, en el intercambio de criptoactivos a dinero fiat”, añadió.
Desde el OCP, concluyó García Fresno, “gracias al trabajo fundamental y la información que nos aportan los notarios, ponemos el foco en los criptoactivos y en todas aquellas operaciones que identificamos como sospechosas y comunicamos a las autoridades competentes”.