El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad condenar al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por diversos delitos vinculados a la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas por parte de organismos dependientes de su departamento y al supuesto cobro de comisiones ilegales relacionadas con distintas actuaciones realizadas junto a quien fuera su asesor ministerial, Koldo García.
Según informa El Periódico, la sentencia también impone a Koldo García una pena de 19 años de cárcel, mientras que el empresario y presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión.
El procedimiento judicial quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo, una vez celebrada la sesión en la que los acusados ejercieron su derecho a la última palabra. A partir de ese momento, los magistrados encargados de resolver el caso iniciaron las deliberaciones. El tribunal estuvo integrado por Andrés Martínez-Arrieta, presidente de la Sala durante el juicio, junto a Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres.
Uno de los aspectos centrales de la resolución se encuentra en la decisión adoptada respecto al delito de organización criminal, al considerar que cada uno de los acusados habría puesto a disposición de la trama sus propios contactos y capacidad de influencia. La sentencia determina la (CONDENA/ABSOLUCIÓN) por este delito.
Durante el juicio se analizó un presunto fraude de varios millones de euros relacionado con la adjudicación de contratos para la adquisición de mascarillas destinadas a distintas administraciones públicas durante los momentos más críticos de la pandemia.
A estos hechos se suman las supuestas dádivas recibidas por Ábalos cuando ocupaba el cargo de ministro de Transportes. Entre ellas figuraría el disfrute de diversas propiedades utilizadas por él y por una de sus parejas, Jésica Rodríguez, quien además habría obtenido contratos en la Administración pública por los que percibió remuneraciones sin desempeñar actividad laboral alguna.
La investigación atribuyó al exministro varios delitos, entre ellos cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cuatro delitos de tráfico de influencias. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó inicialmente una pena de 24 años de prisión para Ábalos, petición que se elevó posteriormente hasta los 30 años en el trámite de conclusiones definitivas.
En el caso de Koldo García, la Fiscalía reclamó una condena de 19 años y medio de prisión, aunque las acusaciones también elevaron su petición hasta los 30 años. Respecto a Víctor de Aldama, las solicitudes de condena se situaron en siete años y en cinco años y dos meses de prisión, respectivamente, teniendo en cuenta su colaboración con la Justicia durante la investigación.