La CNMV y el Consejo General del Notariado renuevan su acuerdo para compartir información de las bases de datos notariales

Este acuerdo, que lleva funcionando cuatro años, permite a la CNMV el acceso a información de las bases de datos de Titular Real y de Personas de Responsabilidad Pública del Notariado, gestionadas por su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Está posibilidad resulta de máxima utilidad en las investigaciones de posibles casos de abuso de mercado y blanqueo de capitales, así como para otras actuaciones que precisen esta información, según informa el Consejo General del Notariado.

La CNMV y el CGN consideran que la aplicación de este convenio está siendo plenamente satisfactoria para ambas partes, por lo que han procedido a su renovación para garantizar la continuidad en la colaboración entre las dos instituciones. 

La Base de Datos de Titular Real del Notariado permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad u otras estructuras jurídicas. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 2.700.000 sociedades limitadas, de más de 112.500 sociedades anónimas y de más de 273.500 personas jurídicas no mercantiles, como entidades extranjeras, asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

En la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública están identificadas más de 27.000 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; más de 44.300 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil) y más de 5.200 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública.

El convenio establece una comisión mixta de seguimiento para actualizar o resolver aquellas cuestiones que pudieran surgir en la vida del mismo.

La colaboración entre la CNMV y el Consejo General del Notariado se remonta a 2011 con la firma de un primer convenio que permitió articular mecanismos de colaboración para una mejor supervisión de los mercados de valores. 

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El magistrado de la Sala Penal Antonio del Moral ha acordado cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que alce la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido públicamente como ‘Alvise’, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales. Según recoge el auto del instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del querellado en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como «@Alviseperez», canal que aparece públicamente asociado a su nombre, desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos. Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1. Cuarto suplicatorio Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas a ‘Alvise’ Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF. Aparte de esas cuatro causas, ‘Alvise’ Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid