“La revolución de la prueba digital: cómo la tecnología está Justicia” es el título del informe de junio de Crónica Legal, del Grupo Prensamedia, que analiza los principales desafíos jurídicos y técnicos que plantea esta nueva realidad.
El estudio examina la autenticidad e integridad de las pruebas electrónicas, la cadena de custodia digital, el papel de los peritos informáticos, la utilizacion de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, asi como el dificil equilibrio entre la eficacia probatoria y la protección de derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos personales.
A través de un análisis de la evolución normativa, la jurisprudencia más relevante y las tendencias internacionales, el informe ofrece una visión completa sobre el futuro de la prueba judicial en un entorno cada vez más digitalizado. Una transformación que no solo afecta a jueces, fiscales y abogados, sino que obliga a replantear las garantías procesales en una sociedad donde la mayor parte de la actividad humana deja un rastro electrónico susceptible de convertirse en prueba.
El informe aborda como la prueba ya no está en el papel: la revolución digital del proceso judicial; el documento electrónico, las redes sociales, whatsapp y mensajería instantánea; el teléfono móvil como escenario probatorio, la inteligencia artificial, deepfakes y prueba sintética.
También incluye apartados que tratan del peritaje informático, el blockchain y sellado temporal, la protección de datos y obtención de pruebas, y la prueba digital en Europa.
Entre las conclusiones del informe destacan la agilización de tareas que proporciona la IA en tareas administrativas, búsquedas documentales y la clasificación de expedientes, pero ninguna tecnología puede sustituir la función esencial que corresponde al juez.
El informe también concluye que uno de los cambios más significativos que introduce la revolución digital es la creciente importancia de la prevención. En la actualidad, empresas y administraciones comienzan a diseñar políticas de gestión documental, conservación de evidencias, certificación electrónica, gobernanza de datos y ciberseguridad, pensando precisamente en futuros litigios.