La Junta General del Principado de Asturias, en Oviedo, acogió en julio la celebración de las jornadas Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: perspectivas personal y patrimonial, organizadas por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Asturias.
Celia Fernández, vicepresidenta primera de la Junta, dio la bienvenida a los participantes en las jornadas que se celebraron en el hemiciclo de la Cámara autonómica, y se felicitó de poder acoger esta actividad en el Parlamento asturiano, «donde siempre procuramos estar atento a los principales asuntos que ocupan a la sociedad y, en este caso, consideramos que las personas con discapacidad deben ser una prioridad».La decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés Solís, defendió «la importancia sustancial que la discapacidad ha tenido siempre para el Notariado» y se congratuló de que el Foro Aequitas de Discapacidad «lleve tres años funcionando».
Según informa el Consejo General del Notariado, por su parte, Jorge Prades, vicesecretario del Consejo General del Notariado, destacó «el compromiso del Notariado con la reforma de la Ley 8/2021», que elimina el modelo de incapacitación judicial para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su propia capacidad jurídica en igualdad de condiciones, priorizando siempre su voluntad y preferencias mediante un sistema de apoyos personalizados. Una reforma de la que subraya que «lo que pone en juego es la dignidad humana».
El teniente fiscal de Asturias, Íñigo Gorostiza, remarcó la tarea de los fiscales en preservar los derechos fundamentales, que «han de ser los primeros en defenderla, porque enlazan con la dignidad de las personas». Para Gorostiza, la reforma de la Ley /2021 «ha sido importante en estos cinco años tanto en su estructura como en su funcionamiento».Finalmente, Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, recordó que «el poder judicial tiene encomendado la tutela de los derechos fundamentales y especialmente de las personas con discapacidad, una tarea en la que estamos profundizando». En su opinión, «el poder judicial tiene que ser sensible a las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, nos estamos esforzando en promocionar el trabajo de los delegados de discapacidad, que tratan de enarbolar la bandera los discapacitados, para que sean iguales en un proceso judicial».
Asimismo, el presidente del TSJA puso en valor el trabajo del alto tribunal «en ajustar el proceso judicial a las personas con discapacidad para que facilite la igualdad de los discapacitados».La conferencia inaugural, bajo el título El ingreso involuntario: historia de una encrucijada, fue impartida por Gonzalo A. López Ebri, exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono coordinador de los foros Aequitas de discapacidad.A continuación, en la mesa redonda Experiencias personales: ¿Qué supone la reforma de la Ley 8/2021 para nosotros?, intervinieron Pablo Sánchez Rodríguez y Marina Gutiérrez, de Plena Inclusión Asturias.La primera jornada concluyó con la mesa redonda La guarda de hecho: retos actuales. La figura del facilitador procesal, en la que intervinieron David Mayor Fernández, fiscal adscrito a la Unidad de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado; Antonio Lorenzo Álvarez, presidente de la Audiencia Provincial de Asturias; José Luis Fernández Lozano, notario, delegado de la Fundación Aequitas en Asturias, y José Luis Costales Martínez, abogado de Plena Inclusión Asturias.
La jornada de clausura comenzó con la mesa redonda Efectos colaterales de la Ley 8/2021, en la que intervinieron Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado; Mónica Oviedo, presidenta de CERMI Asturias; Luis Gonzaga García, presidente de la asociación Liber, y Eladio Rico García, abogado especialista en temas de discapacidad.
La mesa redonda El ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad: medidas de apoyo voluntarias y judiciales puso el colofón a estas jornadas sobre discapacidad. Sobre este asunto, debatieron Almudena Castro-Girona Martínez, notaria y directora de la Fundación Aequitas; Fernando Laserna Cocina, fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Asturias; Rosa María Fernández Pérez, magistrada y delegada de discapacidad en Asturias del Consejo General del Poder Judicial; y Beatriz Ordiz Barreiro, letrada de FASAD.